¿Qué se necesita entender de la Reforma Electoral?

La Reforma Electoral busca desaparecer al INE y convertirlo en el INEC.
¿Qué se necesita entender de la Reforma Electoral?

En abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta de reforma electoral para México, en la que apunta a abaratar los costos del sistema político, así como garantizar elecciones más transparentes; sin embargo, la iniciativa contiene varios puntos controversiales. 

Desde la opinión pública hasta expertos internacionales, han establecido que, de aprobarse dicha reforma, se compromete el funcionamiento imparcial e independiente de la administración electoral en los distintos niveles de la Federación. 

Por tal motivo, su aprobación requiere de análisis amplio y profundo debate, el problema es que el tiempo apremia, toda vez que el próximo año habrá renovación de consejeros, así como procesos electorales en Coahuila y el Estado de México. 

Asimismo, se ha llegado a pensar que su gran objetivo es eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) o en todo caso, reducir su rango de injerencia y capacidad. 

De ahí que, el pasado domingo 13 de noviembre, en todo el país, incluido Guanajuato -León, Irapuato y la Capital- se llevara a cabo diversas marchas de ciudadanos, donde la consigna fue la misma: defender al INE. 

¿Qué propone la Reforma Electoral? 

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Destaca por plantear modificaciones en 18 artículos constitucionales y siete artículos transitorios, entre los que destaca la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), para sustituirlo por el llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). 

De la misma forma, el nuevo modelo llevaría implícito nuevas modalidades para integrar al INEC como al Tribunal Electoral, siendo estas principalmente por elección popular, de entre una lista de candidatos presentados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Entonces, el nuevo órgano electoral tendría siete consejeros en lugar de los 11 que tiene actualmente el INE. Además, con la creación del INEC desaparecerían también los institutos estatales electorales y el nuevo órgano se encargaría de la organización de comicios, federales, estatales y municipales. 

Otro punto medular yace en el tema presupuestario, donde se buscaría un ahorro de entre 11 mil y 24 mil millones de pesos, al disminuir el presupuesto de los partidos políticos y solo proporcionarles recursos durante época de comicios. 

Asimismo, se plantea reducir el número de legisladores, de 128 a 96 en el Senado y de 500 a 300 en la Cámara de Diputados, así como eliminar la figura de los “plurinominales”; en tanto, en los congresos locales, la apuesta sería por un mínimo de 15 diputados y máximo de 45. 

También los ayuntamientos verían mermado el número de regidores con los que se integran; habría una reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión; disminuiría la participación en una consulta popular de 40 a 33 por ciento para ser vinculante; y se habilitaría el voto electrónico. 

Para que todos estos cambios tuvieran verificativo, el presidente requiere a favor de dos terceras partes de los legisladores. 

El Plan B del presidente  

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado su enfado ante lo que calificó como racista y clasista por ir en contra de su reforma electoral; sin embrago mencionó contar con un plan B, que consistiría en hacer cambios a leyes secundarias, para lo cual solo necesitaría a favor una mayoría simple en San Lázaro. 

Paralelo a los anuncios del presidente y la postura tanto de Morena como sus partidos aliados en la Cámara de Diputados, el bloque opositor, conformado principalmente por el PAN, PRI y PRD, han adelantado que van de la mano en contra de la reforma del mandatario federal. 

No obstante, han reconocido que, si bien existe posibilidad de mejoras en las leyes secundarias, desde su punto de vista no es una prioridad, sobre todo de cara a una elección presidencial en 2024. 

Por todo esto, algunos expertos consideran que, la modificación de leyes secundarias solo le permitiría al presidente hacer cambios en cuanto al voto electrónico se refiere; ya que, la Constitución no menciona que procedimiento se debe efectuar o formato en específico para llevar a cabo la renovación de poderes. 

También cabría la posibilidad de reformar el Artículo 41, en el que no se establece nada sobre las unidades técnicas y los órganos delegacionales y de vigilancia de cada entidad del INE; y finalmente, podría buscar algo en materia de fiscalización a los recursos que se les da a los partidos políticos. 

De esta forma, mientras el tema sigue polarizando aún más al Poder Legislativo, el presidente hace lo propio con la ciudadanía, sobre todo luego de anunciar su marcha en defensa a la Reforma Electoral, la cual es una clara respuesta a la movilización efectuada recientemente. 

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