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Se dice que el sector inmobiliario en el estado va en crecimiento, se ven cientos de construcciones y las opciones para adquirir una casa es bastante amplia.
Pero ¿Para quién esta oferta? ¿Quién puede pagar estas nuevas y relucientes casas? ¿Quiénes vivirán en los nuevos departamentos de lujo?
En León, Guanajuato, la creciente preocupación por el futuro de la vivienda ha captado la atención de ciudadanos y legisladores por igual.
La disparidad entre los ingresos promedio y el costo de adquirir una vivienda se ha ampliado significativamente.
Esto pone en riesgo el patrimonio de las personas y marca el comienzo de lo que algunos ya denominan una burbuja inmobiliaria en la región.
Con un salario promedio rondando en los $7,000 para trabajadores en León (según DATA MÉXICO) , la brecha entre lo que gana una persona y el precio de comprar una casa es completamente dispar.
Este desbalance económico plantea un serio desafío para aquellos que buscan adquirir una vivienda.
Especialmente cuando se combinan con el mal asesoramiento inmobiliario, un problema que ha llevado a pérdidas económicas irreparables para muchos.
Un claro ejemplo de esto es el famoso fraude inmobiliario de «Punto Legal»
Desde 2019 ya van más de 360 denuncias en este caso, de las cuáles sólo 3 han sido judicializadas.
Los supuestos inmuebles ofrecidos fueron para muchos, la respuesta en la búsqueda por adquirir una casa a un precio menor, pues supuestamente provenían de remates judiciales
Para estos compradores, lamentablemente no todo fue como se esperaba y ahora son cientos de familias que siguen a la espera de una resolución.
¿Pero qué es lo que pasó?
Los clientes firmaban lo que creían era un contrato de compra-venta pero en realidad se trataba de un contrato de prestación de servicios.
Después de realizar distintos pagos mensuales, la esperada fecha para recibir sus propiedades llegaba, pero cuando iban a verlas se encontraban con terrenos baldíos o direcciones inexistentes.
Eso no es todo, el caso no se ha limitado a la afectación del patrimonio que las familias crearon con años de su esfuerzo.
El abogado defensor de las familias defraduadas, Juan José Hernández Torres, fue asesinado hace apenas unos meses.
En el panorama inmobiliario son varias las empresas que están liderando un cambio hacia la construcción vertical, una tendencia nueva para los leoneses.
A pesar de la preferencia de la gente por vivienda horizontal, las compañías apuestan por demostrar que vivir en edificios de departamentos puede ofrecer una alta calidad de vida.
Sin embargo, los precios de los departamentos, tomando en cuenta que son menos metros cuadrados, son muy altos, ya que se enfocan en el mercado de lujo, sin embargo, eso corresponde a la minoría de la población.
«Queremos quitar el paradigma de que lo vertical es de menor calidad», señalan desde Grupo Innova.
Y es verdad que la vivienda vertical tiene múltiples beneficios hablando de contener la mancha urbana de una ciudad.
Con estas estrategias se limita que se extiendan las ciudades tan rápidamente, otorgando muchos beneficios para quienes las habitan.
El problema radica en el precio de estas nuevas propiedades y a quién van dirigidas.
Frente a estos desafíos, la diputada del PAN, Cristina Márquez Alcalá, ha presentado una iniciativa de reforma para regular las prácticas inmobiliarias en Guanajuato.
Esta propuesta busca modificar la Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios del estado.
Esto, estableciendo normas más estrictas para la renta, venta, y compra de bienes inmuebles.
Con el objetivo de proteger el patrimonio de los ciudadanos, la iniciativa propone obligar a las agencias y asociaciones inmobiliarias a acreditarse para realizar operaciones.
La necesidad de una reforma se hace evidente al considerar las 200 quejas registradas contra notarios en los últimos dos años.
«No podemos dejar atrás la dignidad de la persona y el bien común», afirmó Márquez Alcalá.
Ella destaca la urgencia de garantizar procesos legales adecuados y la protección del patrimonio de las personas.
Esta iniciativa ha sido enviada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Justicia para su análisis y dictamen.
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