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La Suprema Corte de Justicia de la Nación marcó un cambio importante en materia de seguridad social al declarar inconstitucional el requisito de acreditar cinco años de convivencia o tener hijos en común para acceder a la pensión por concubinato en el ISSSTE.
La resolución reconoce que los modelos de familia han evolucionado y que exigir un plazo fijo puede vulnerar derechos como la igualdad y la protección familiar. Sin embargo, el fallo también deja preguntas sobre cómo se comprobarán ahora estas relaciones y cuál será el impacto para el sistema de pensiones.
El Pleno determinó que exigir un mínimo de cinco años o descendencia común resulta irracional, pues los vínculos afectivos no dependen de un periodo específico. Con ello, se invalida un criterio vigente desde 2007 y respaldado por jurisprudencia posterior.
El caso surgió cuando un viudo solicitó la pensión tras la muerte de su pareja pensionista del ISSSTE en 2022.
Aunque un juez reconoció el concubinato, el instituto negó el beneficio por no cumplirse el plazo. Tras un amparo, el asunto llegó a la Corte y derivó en el cambio de criterio.
La resolución no establece un nuevo tiempo mínimo, ya que esa tarea corresponde al Poder Legislativo. Mientras tanto, cada solicitud deberá evaluarse con pruebas que acrediten la relación.
El fallo puede ampliar el acceso a la seguridad social para parejas que viven en concubinato, especialmente en un contexto donde las uniones sin matrimonio son cada vez más comunes, como muestran datos del INEGI sobre la disminución de matrimonios.
No obstante, algunas ministras expresaron preocupación por el posible impacto financiero. Señalaron que eliminar el requisito temporal podría aumentar el número de beneficiarios y complicar la planeación del sistema pensionario.
Por ahora, la decisión abre la puerta a que más personas reclamen derechos, pero también deja pendiente una reforma legal que establezca criterios claros para acreditar el concubinato y garantizar la viabilidad del sistema.
En resumen, el fallo marca un giro relevante en la protección de las familias y en el acceso a la seguridad social, aunque su efecto real dependerá de las reglas que el Congreso defina en el futuro cercano.
Con información de El Imparcial.
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