Con imágenes tomadas de la red
La Universidad de Guanajuato se encuentra inmersa en una profunda crisis que ha escalado cada vez más.
Esta situación ha sido marcada por denuncias de persecución política y amenazas legales contra estudiantes que participaron en protestas estudiantiles el año pasado.
Recordemos que la protesta claramente no fue realizada solamente por estos estudiantes, fueron cientos más, únicamente son ellos quienes están siendo acusados.
El lunes 19 de febrero, agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaron en los domicilios de 7 estudiantes.
Los estudiantes que están siendo acusados son: Rodrigo, Desiree, Frida, Alonso, Valeria, Armando e Ignacio.
Los agentes sorprendieron a sus familias con citatorios que insinuaban su posible encarcelamiento.
Estas acciones se enmarcan en una denuncia penal emprendida por la Universidad de Guanajuato, acusando a siete jóvenes de daños a edificios públicos y bienes con valor artístico.
A vista de muchos, esta denuncia es en realidad una clara represalia por las manifestaciones estudiantiles realizadas en septiembre del año pasado.
Los estudiantes, quienes niegan rotundamente su culpabilidad, han declarado que la movilización del 11 de septiembre de 2023 surgió de la inconformidad estudiantil con la designación de Claudia Susana Gómez López como rectora general.
Durante esa protesta se exigió, (entre otros puntos) transparencia en los procesos de designación de autoridades y rendición de cuentas sobre los recursos universitarios.
A pesar de los compromisos de no represalias por parte de la rectoría, los estudiantes acusados han sido objeto de persecución judicial.
La Fiscalía ha procesado la investigación a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto.
Cabe recalcar que el propósito de dicha fiscalía es el de dar seguimiento a delitos como: homicidio, secuestro, feminicidio, trata de personas, narcomenudeo, etc.
Aun así, está involucrada en esta denuncia por delito de daños a edificios públicos, que debería investigarse por querella según el Código Penal del Estado de Guanajuato.
La situación ha llevado a los estudiantes a declararse inocentes y denunciar la persecución instrumentada por la universidad y la Fiscalía General del Estado.
Además, han recibido el respaldo de organizaciones como Amnistía Internacional, que ha instado a respetar el derecho a la protesta.
Mientras tanto, la rectora Claudia Susana Gómez López ha emitido un mensaje llamando al diálogo, aunque sin referirse específicamente a los estudiantes involucrados en la denuncia.
Sin embargo, la comunidad estudiantil ha expresado su desconfianza hacia la postura de la universidad y exige una solución justa y respetuosa para los acusados.
En un reciente desarrollo, los alumnos señalados por la institución, tras haber llegado a acuerdos con la autoridad universitaria en la Secretaría de Educación Pública (SEP), aún no han recibido notificación oficial de desistimiento ni cierre de la carpeta de investigación.
En medio de esta crisis, también ha surgido la denuncia de estudiantes y docentes de la Licenciatura en Ciencia Política sobre la posible reubicación del programa a León.
Esto es considerado por algunos como otra represalia por parte de las autoridades universitarias.
La situación continúa escalando, con protestas estudiantiles y la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.
Los estudiantes denunciantes han establecido contacto con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y han recibido apoyo de estudiantes de otras instituciones, como la UNAM.
Los estudiantes tienen una cita para la audiencia inicial en el Poder Judicial el próximo 30 de abril a las 10:15 de la mañana.
Cansados de la situación y con la fecha de la audiencia cada vez más cercana, se ha difundido una fecha límite para la autoridad universitaria.
En la siguiente publicación se le dio un ultimátum para demostrar su cambio de postura y que ponga fin a la persecución contra los estudiantes.
Mientras tanto, la comunidad estudiantil y diversas organizaciones siguen vigilantes, exigiendo justicia y respeto a los derechos humanos en la Universidad de Guanajuato.
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