con imágenes tomadas de la red
Un grupo de 11 expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su inquietud sobre la propuesta de reforma constitucional en México, que busca transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La medida, según los expertos, podría aumentar el riesgo de violaciones a los derechos humanos.
Se refieren a violaciones tales como tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Los especialistas señalaron que la reforma permitiría asignar funciones de seguridad pública de manera permanente a las Fuerzas Armadas, lo cual podría agravar los abusos y la impunidad.
Recordaron que la ONU ha observado un incremento en la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior de México, aunque reconocen los desafíos que enfrenta el país en esta área.
A pesar de estos retos, los expertos subrayan que las medidas de seguridad deben alinearse con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Expresaron especial preocupación por los antecedentes de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas contra los ciudadanos mexicanos.
Los expertos advirtieron que, de aprobarse la reforma, México estaría contraviniendo recomendaciones formuladas por diversos organismos de la ONU desde 1999.
Estos organismos han señalado la necesidad de que las labores de seguridad pública sean ejecutadas por fuerzas civiles, no militares.
Recalcaron que la intervención militar en asuntos de seguridad pública debe ser estrictamente extraordinaria y supervisada por autoridades civiles.
Los representantes de la ONU enfatizaron que es esencial mantener a la Guardia Nacional bajo control civil y fortalecer sus capacidades desde una perspectiva de seguridad ciudadana.
Además, pidieron que se implementen mecanismos de rendición de cuentas más eficaces para prevenir violaciones a los derechos humanos.
Subrayaron que México debe garantizar que la jurisdicción militar sea limitada y excepcional para evitar graves violaciones.
Entre los firmantes de este comunicado se encuentran figuras clave de la ONU, como:
Estos y otros expertos reiteraron que la seguridad pública debe ser manejada por instituciones civiles para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población.
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