cortes de agua por falta de pago en Guanajuato
Quedarse sin agua por no pagar el recibo podría dejar de ser una realidad para miles de familias guanajuatenses. El Congreso del Estado analiza una reforma que impediría a los organismos operadores suspender completamente el suministro de agua potable en viviendas por falta de pago, especialmente cuando los usuarios enfrenten dificultades económicas.
La propuesta busca modificar el artículo 313 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con el objetivo de garantizar que ninguna familia se quede sin el agua indispensable para sus necesidades básicas.
El proyecto avanzó durante los trabajos de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde legisladores de distintas fuerzas políticas revisaron las modificaciones necesarias para fortalecer el derecho humano al agua.
La iniciativa establece que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro doméstico en los casos contemplados por la reforma.
En lugar de dejar a los hogares sin una sola gota, deberán mantener una cantidad mínima de agua potable destinada al consumo humano, la higiene y otras necesidades esenciales.
Sin embargo, esto no significa que el servicio será gratuito ni que las deudas desaparecerán.
Los usuarios deberán continuar cumpliendo con sus obligaciones de pago, mientras que los organismos operadores conservarían mecanismos para administrar y recuperar los adeudos conforme a la legislación aplicable.
La diferencia principal radica en que las dificultades económicas no deberían provocar la privación absoluta de un recurso indispensable para la vida.
Uno de los puntos relevantes de la agenda legislativa es establecer un mínimo vital de 50 litros de agua potable por persona al día.
Esta cantidad busca atender las necesidades esenciales de consumo, preparación de alimentos e higiene personal.
La propuesta también contempla dar prioridad al abastecimiento doméstico cuando existan condiciones de escasez, así como establecer obligaciones para que las autoridades distribuyan el recurso de manera equitativa.
La cifra forma parte de los planteamientos discutidos y deberá quedar definida en la legislación que finalmente apruebe el Congreso.
De aprobarse la reforma, los organismos operadores municipales tendrían que ajustar sus procedimientos para cumplir con las nuevas disposiciones.
Entre ellos destacan:
SAPAL, responsable del servicio en León.
JAPAMI, organismo operador en Irapuato.
SIMAPAG, encargado del abastecimiento en Guanajuato capital.
Estas instituciones tendrían que garantizar el suministro básico en los hogares que cumplan con las condiciones establecidas por la nueva legislación.
El objetivo es que el acceso al agua indispensable no dependa exclusivamente de la capacidad económica de los usuarios.
El proyecto no se limita a impedir los cortes totales del suministro.
Los legisladores también buscan que los integrantes de los consejos directivos de los organismos operadores cuenten con experiencia y conocimientos técnicos comprobables en materia hídrica.
Esta modificación pretende fortalecer la toma de decisiones sobre infraestructura, abastecimiento, administración y conservación del recurso.
Además, se contempla establecer reglas para reconocer y regular el funcionamiento de los comités comunitarios que administran pozos y sistemas de abastecimiento en localidades rurales.
Otro de los planteamientos consiste en incorporar sistemas de captación de agua de lluvia en nuevos desarrollos habitacionales.
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La reforma reúne siete iniciativas presentadas por distintas fuerzas políticas y es resultado de más de 20 horas de trabajo técnico.
En su elaboración participaron representantes del PAN, Morena, PRI y Partido Verde, así como autoridades estatales relacionadas con la gestión del agua.
El diputado David Martínez Mendizábal destacó la importancia del proyecto por su alcance social y por la necesidad de garantizar condiciones mínimas de abastecimiento.
El secretario del Agua y Medio Ambiente de Guanajuato, José Lara Lona, también participó en las mesas de análisis.
Aunque la propuesta registra avances importantes, todavía no debe considerarse una prohibición vigente y definitiva.
De acuerdo con la información difundida el 5 de noviembre, el proyecto quedó preparado para avanzar a su votación en comisiones y posteriormente ser remitido al pleno del Congreso estatal.
Para que las nuevas obligaciones sean exigibles, deberán completarse las etapas legislativas correspondientes, incluida su aprobación y publicación oficial.
Mientras tanto, los organismos operadores mantienen sus facultades conforme a la normativa actualmente aplicable.
La discusión representa un cambio importante en la manera de abordar el servicio de agua potable en Guanajuato: pasar de una visión centrada únicamente en el cobro a otra que también garantice las necesidades fundamentales de las familias.
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