con imágenes tomadas de la red
En México, la batalla por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ ha sido un tema central en la discusión pública, especialmente en Guanajuato con el matrimonio igualitario.
Aunque han existido avances importantes, como las disposiciones que permiten el matrimonio igualitario, los obstáculos legales persisten.
Esto ha generado controversias y un impulso renovado por parte de activistas y legisladores para reformar la ley y garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual.
En enero de 2022, el gobierno de Guanajuato emitió disposiciones que permitían los matrimonios igualitarios en las oficialías del Registro Civil.
Con ello ya no era necesario tramitar juicios de amparo.
Sin embargo, esta medida no se ha plasmado en la ley local, lo que ha ocasionado problemas legales para las parejas del mismo sexo.
A pesar de que estas disposiciones representaban un avance significativo, la falta de formalización legal ha dejado a muchas parejas en una situación vulnerable.
La diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, ha sido una figura clave en la presentación de una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado y al Código Civil de Guanajuato.
Su propuesta busca eliminar las barreras jurídicas que siguen afectando a las parejas homoparentales y garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
García Oliveros ha señalado la inequidad y discriminación que aún persisten en el estado, a pesar de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de los matrimonios igualitarios.
El decreto que permitía el matrimonio igualitario en Guanajuato perdió vigencia en septiembre de 2024.
Coincidiendo con el final del mandato de Diego Sinhue Rodríguez.
Este retroceso ha obligado nuevamente a las parejas homoparentales a recurrir a juicios de amparo para poder casarse.
La pérdida de vigencia del decreto ha sido vista como un obstáculo más en la lucha por la igualdad de derechos en el estado.
A pesar de la creación de una subsecretaría de estado para atender los derechos de la comunidad LGBTIQ+, Guanajuato sigue siendo uno de los estados con mayor rezago en cuanto a la protección legal de la diversidad sexual.
Durante tres años, los diputados locales se han negado a aprobar reformas que reconozcan plenamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que ha creado una barrera jurídica significativa.
La diputada García Oliveros subrayó que su propuesta no solo busca corregir la inequidad en Guanajuato, sino también cumplir con diversos acuerdos y programas internacionales en materia de derechos humanos.
Es crucial que el estado avance en la inclusión y respeto de los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual.
En conclusión, la lucha por el matrimonio igualitario en Guanajuato está en un momento clave.
La presentación de esta reforma a la Constitución y al Código Civil representa un paso importante, pero se necesita el respaldo legislativo para garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el estado.
Se deben de eliminar de una vez por todas las barreras jurídicas que impiden su pleno reconocimiento.
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