Mientras la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) enfrenta señalamientos por presuntos actos de corrupción, los gobiernos federal y estatal de Quintana Roo anunciaron una inversión superior a los 210 millones de pesos para ampliar y renovar la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Cozumel. El propósito es duplicar la capacidad operativa de la instalación y evitar la contaminación del acuífero subterráneo.
Actualmente, la planta trata 110 litros de agua por segundo, pero se requiere atender una demanda que supera los 200 litros por segundo. Por ello, el proyecto se dividirá en dos etapas: la primera con un presupuesto de 123 millones de pesos, y la segunda —prevista para noviembre de 2025— con una inversión complementaria de 90 millones de pesos.
“Con esta obra se superará un rezago histórico y se evitarán derrames de aguas negras, protegiendo así el ecosistema de la isla”, expresó el alcalde José Luis Chacón Méndez.
Se estima que para 2026, la planta San Miguelito alcanzará una capacidad de 230 litros por segundo, permitiendo también la reutilización del agua tratada para distintos fines.
La millonaria inversión ocurre mientras la CAPA atraviesa una grave crisis institucional. Usuarios han denunciado, a través de redes sociales, múltiples desbordamientos de aguas residuales que han contaminado el subsuelo y generado afectaciones ambientales en el norte de Cozumel. Paralelamente, se realiza una investigación por el presunto desvío de recursos públicos dentro del organismo.
Fuentes no oficiales indican que se detectó un posible peculado de más de 22 millones de pesos, presuntamente cometido por trabajadoras de CAPA y personal adscrito a la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF). Parte del dinero habría sido utilizado para adquirir criptomonedas y financiar viajes a Europa, sin ningún tipo de aval institucional.
La Fiscalía Anticorrupción ya está a cargo del caso, tras una denuncia interpuesta por la dirección jurídica de la propia CAPA, al detectar irregularidades en los estados financieros correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024. Entre las personas implicadas se menciona a tres empleadas con los nombres de “Lupita”, “Irene” y “Miriam”, esta última presuntamente con funciones de jefatura.
Además, se señala a una colaboradora de la DRAEF identificada como “Mónica”, quien habría formalizado acuerdos de liquidación irregulares en adeudos mayores a 200 mil pesos, permitiendo pagos simbólicos sin reportar debidamente los ingresos.
Cabe señalar que, en años anteriores, ya se había aprobado una inversión de 140 millones de pesos destinada a la construcción de un nuevo módulo de pretratamiento y un tanque para lodos activados. No obstante, no existen reportes de avances visibles en la planta, lo que ha generado aún más cuestionamientos sobre la administración de los recursos por parte de CAPA.
La ampliación de la planta resulta apremiante para atender los riesgos sanitarios y ecológicos que enfrenta Cozumel. Sin embargo, el contexto de opacidad, las denuncias por desbordamientos y la falta de resultados palpables han puesto en duda la capacidad de gestión y la transparencia del organismo encargado.
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