con imagen tomada de laradiodeseattle
En Jalisco se está cocinando una polémica reforma que ha hecho ruido en más de un micrófono: el Congreso local quiere prohibir que en eventos públicos se escuche música que haga apología del delito, como algunos corridos que glorifican al crimen organizado.
Y aunque la propuesta busca “prevenir la violencia”, hay quienes ya alzaron la voz y dicen que esto huele a censura.
La iniciativa plantea modificar el Artículo 37 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal para que los municipios no puedan usar recursos públicos en conciertos o festivales donde se interpreten canciones que, según sus criterios, promuevan el uso de armas, el narcotráfico o la violencia contra las mujeres.
¿La intención? Que los espacios financiados por todos los ciudadanos no sean usados para normalizar la cultura del crimen.
La diputada Itzul Barrera, impulsora del proyecto, insiste en que no se trata de decirle a la gente qué escuchar en su casa o en sus audífonos, sino de que el gobierno deje de apoyar, con dinero público, a eventos que podrían tener un impacto negativo en la percepción social de la violencia.
Aquí es donde las cosas se complican.
Críticos, artistas y defensores de derechos humanos señalan que esta medida podría violar el derecho a la libertad de expresión, protegido tanto en la Constitución como en tratados internacionales.
Además, señalan que:
No resuelve el problema de fondo:
La violencia no se origina en las canciones, sino en la desigualdad, la corrupción y la falta de justicia.
Puede ser subjetiva:
¿Quién decide qué es “apología del delito”? Lo que para unos es arte, para otros puede ser ofensivo.
Genera el efecto contrario:
Lo prohibido siempre llama más la atención, y especialmente entre jóvenes, este tipo de censura puede aumentar el interés por esas canciones.
En estados como Chihuahua, artistas como Julión Álvarez y Alfredo Olivas ya han enfrentado multas por cantar narcocorridos.
Así que, aunque no es una idea nueva, sí revive una discusión que genera opiniones divididas.
En medio de esta propuesta, Jalisco vive una realidad violenta.
Casos como el feminicidio de Carla, en Guadalajara, siguen sacudiendo a la sociedad.
Y muchos se preguntan: ¿no sería mejor que el Congreso se concentrara en combatir la impunidad y la inseguridad real?
“Es más fácil regular un concierto que desmantelar un grupo criminal”, dicen algunos ciudadanos.
Si la reforma es aprobada, cada uno de los 125 municipios de Jalisco tendrá que decidir cómo aplicarla.
Lo que es claro es que este debate respecto a los corridos, está lejos de terminar.
Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿es esta una medida legítima para prevenir la violencia o un intento de controlar el contenido cultural?
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