imagen tomada de nmas.com
España acaba de mover una ficha clave en la batalla por el acceso a la vivienda: los alquileres turísticos de plataformas como Airbnb ya no podrán operar libremente.
Una nueva normativa cambia la Ley de Propiedad Horizontal y coloca a los vecinos en el centro de la decisión: sin su aprobación, ningún propietario podrá convertir su casa en un piso turístico.
El objetivo es claro: controlar el auge de plataformas como Airbnb y Booking, reducir la especulación y devolver miles de viviendas al mercado residencial.
La regla es contundente: para ofrecer una vivienda como alojamiento turístico se necesitará el voto favorable de tres quintas partes de la comunidad y de las cuotas de participación.
Si no se obtiene esa mayoría, la actividad no podrá iniciarse.
Además, el presidente de la comunidad podrá exigir el cese inmediato del alquiler y emprender acciones legales si se incumple la norma.
Las sanciones tampoco son menores: las comunidades autónomas podrán imponer multas de hasta 600.000 euros.
Las viviendas que ya estaban registradas antes del 3 de abril podrán seguir funcionando, aunque la comunidad puede aplicarles un recargo del 20% en los gastos comunes.
El Gobierno ha aclarado que la reforma no será retroactiva: quienes ya tengan su vivienda inscrita como turística podrán continuar con su actividad.
Sin embargo, deberán ajustarse a nuevas reglas que se irán implementando progresivamente.
La Dirección General de Seguridad Jurídica puntualizó que esta normativa solo aplica a las viviendas turísticas registradas.
Los alquileres de temporada, por meses y sin registro, quedan fuera, a menos que los vecinos modifiquen los estatutos por unanimidad.
En resumen: los residentes podrán bloquear nuevos pisos turísticos, pero no los alquileres temporales tradicionales.
Para reforzar el control, en julio de 2025 llegará la Ventanilla Única Digital, un sistema centralizado que permitirá supervisar cada propiedad destinada a estancias de corta duración.
La intención es mejorar la transparencia y agilizar las inspecciones.
Durante un evento en Málaga, el presidente Pedro Sánchez anunció otra medida decisiva: se eliminarán 53.000 viviendas del registro turístico para que regresen al mercado residencial.
Tras ello, el Ministerio de Vivienda pidió a plataformas como Airbnb y Booking retirar los anuncios de esas propiedades.
Airbnb reaccionó asegurando que inicia “un nuevo capítulo” en España, comprometido con la calidad y el crecimiento sostenible.
También informó que ya regularizó 70.000 anuncios con número de registro, aunque reconoció que un pequeño porcentaje aún corresponde a viviendas ya revocadas, que serán dadas de baja de inmediato.
Con este cambio, España se suma a la tendencia europea de limitar los alquileres turísticos para proteger la vivienda habitual.
La normativa busca equilibrar el modelo urbano, dando más poder a los residentes y reforzando la supervisión gubernamental.
Ahora solo queda ver cómo reaccionará el sector turístico y si las plataformas lograrán adaptarse a este nuevo escenario… sin perder su encanto para los viajeros.
Con información de El Cronista.
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