imagen tomada de latimes.com
A menos de un año y medio del arranque del Mundial 2026, comienzan a conocerse detalles poco visibles de los compromisos que México asumió para ser sede del torneo.
Más allá de lo deportivo, los acuerdos firmados con la FIFA implican obligaciones económicas, legales y sociales que han despertado cuestionamientos.
De acuerdo con una investigación presentada por la periodista Peniley Ramírez, México firmó convenios que conceden amplios beneficios al organismo internacional a cambio de albergar partidos del torneo.
La información fue revelada en el programa Aristegui en Vivo.
Ramírez explicó que revisó dos convenios idénticos, firmados en Zúrich en junio de 2022, correspondientes a las sedes de Ciudad de México y Monterrey, así como un documento federal de garantías fechado en junio de 2025.
Todos fueron suscritos por autoridades locales y federales para asegurar la organización del evento.
Uno de los puntos centrales de los acuerdos es la condonación total de impuestos.
Según lo expuesto, México se compromete a exentar a la FIFA de cualquier carga fiscal por los ingresos comerciales que genere en el país durante el Mundial.
Esta exención no se limita únicamente a la FIFA.
También se extiende a una figura denominada “clientes FIFA”, un término amplio que permitiría beneficiar a terceros privados sin que exista una lista clara o delimitada de quiénes entran en esa categoría.
Los compromisos también impactan directamente en el uso de recursos públicos.
México deberá financiar la llamada “limpieza social” en un radio de dos kilómetros alrededor de los estadios.
Esto implica retirar comercio informal, realizar cierres viales, cubrir señalización, logística y facilitar instalaciones necesarias para la operación del torneo.
Además, el país se comprometió a ofrecer transporte público gratuito a los asistentes.
Esto incluye metro y metrobús para todas las personas que acudan a los partidos, sin ningún costo durante los días del evento.
En el ámbito jurídico, los acuerdos también establecen condiciones relevantes. México acepta no llevar disputas a tribunales nacionales y resolver cualquier conflicto en tribunales internacionales.
A esto se suma una cláusula en la que el país renuncia a su inmunidad, lo que abre la posibilidad de sanciones o embargos en el extranjero en caso de controversias legales.
Para Ramírez, uno de los puntos más delicados es una disposición que permite a la FIFA agregar nuevas obligaciones de forma unilateral. Esto significa que el organismo podría imponer más exigencias en el futuro y México estaría obligado a aceptarlas.
La periodista calificó estos convenios como un “cheque en blanco”, al considerar que dejan abierta la puerta a compromisos adicionales sin un límite claro. Ante ello, subrayó la importancia de que exista mayor transparencia sobre el costo real que implica para el país ser sede del Mundial 2026.
Con información de AS.
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