A pesar del aumento en el monto de la beca y del fuerte gasto público, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) llega a 2026 con un pendiente difícil de ignorar: la brecha de jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos como ninis, no logra cerrarse.
Desde su arranque en 2019, el diagnóstico ya advertía el tamaño del reto.
En solo cuatro meses se registraron más de 501 mil jóvenes fuera del sistema educativo y laboral. Bajo el lema “becarios sí, sicarios no”, el programa se planteó llegar a un millón de inscritos por año, con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos.
Sin embargo, la informalidad y la falta de empleos al terminar la capacitación frenaron sus resultados.
Las cifras que explican el estancamiento
Para finales de 2025, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indican que en México viven 30.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años. De ellos, 14.5 millones (el 47.7%) forman parte de la Población No Económicamente Activa (PNEA).
Aunque no todos pueden considerarse ninis (muchas mujeres realizan labores de cuidado), la tasa NEET se mantiene alrededor del 18.9%, de acuerdo con la OCDE. Esto ocurre pese a que más de 3.3 millones de jóvenes han pasado por el programa desde su creación, sin que el empleo formal crezca al ritmo necesario.
El propio padrón de beneficiarios refleja altibajos. En 2024 cayó a 213,630 jóvenes, muy lejos de las metas iniciales.
En 2025 hubo un repunte, con 378,628 aprendices y una inversión de 16,012 millones de pesos, aunque este monto quedó por debajo, en términos reales, de los primeros años del programa.
Los ninis son un desafío que va más allá del presupuesto
El problema no es exclusivo de México. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo estima que en 2025 unos 262 millones de jóvenes no estudian ni trabajan.
En América Latina, la tasa ronda el 19.6% y no muestra descensos relevantes.
Para 2026, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijó una meta de 500 mil jóvenes inscritos en JCF.
El principal atractivo será el aumento de la beca, que subirá a 9,582 pesos mensuales tras el incremento del salario mínimo.
El presupuesto asignado asciende a 25,173 millones de pesos.
Aun así, la crítica se mantiene: aunque el programa se enfoca en zonas de rezago y comunidades indígenas, la vinculación con empleos de largo plazo sigue siendo el eslabón más débil.
El verdadero reto no es solo gastar más, sino lograr que el apoyo sea un puente real hacia la productividad y no únicamente un alivio temporal en las cifras.