imagen tomada de revistaforja.org
Con el objetivo de frenar uno de los delitos que más impacto tiene en la vida económica y social del estado, diputados de Morena presentaron una serie de iniciativas para endurecer el castigo contra la extorsión en Guanajuato. La propuesta busca elevar las penas máximas de prisión y permitir que los acusados enfrenten su proceso bajo prisión preventiva.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, se dieron a conocer tres iniciativas enfocadas en combatir este delito, que afecta tanto a ciudadanos como a empresarios en distintos municipios del estado.
La iniciativa plantea modificar el segundo párrafo de la Constitución local para que los jueces puedan imponer prisión preventiva a las personas acusadas de extorsión. Además, se propone reformar el artículo 179 e del Código Penal del estado para que este delito se sancione conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Actualmente, el Código Penal de Guanajuato establece penas de cuatro a 15 años de prisión, mientras que la legislación federal contempla castigos de entre 15 y 25 años.
Con esta reforma, se busca homologar las sanciones y fortalecer el marco legal contra este delito.
El diputado Ricardo Ferro Baeza señaló que la extorsión es uno de los delitos que más daño social, económico y psicológico genera en Guanajuato. También destacó que la cifra de no denuncia supera el 90 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Entre las modalidades más comunes se encuentran el cobro de cuotas, amenazas telefónicas, intimidación directa y la simulación de hechos de tránsito.
Tan solo en los primeros once meses de 2025, se registraron mil 344 víctimas de extorsión en el estado.
Desde el sector empresarial, la preocupación es evidente. El presidente de Coparmex zona metropolitana de León, Michell Sojo Quiroz, afirmó que este delito tiene “de rodillas a los empresarios”, ya que el pago de cuotas incrementa costos y pone en riesgo la supervivencia de los negocios. Ante esta situación, se han sostenido acercamientos con el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, quien encabeza una unidad antiextorsión.
Las cifras oficiales refuerzan la alerta: en 2024 se registraron mil 27 denuncias por extorsión, mientras que de enero a noviembre de 2025 la cifra subió a mil 172, un aumento superior al 14 por ciento.
Incluso, algunos negocios han optado por cerrar para evitar pagar las cantidades exigidas.
Con estas reformas, el Congreso de Guanajuato busca fortalecer la respuesta institucional y cerrar el paso a un delito que sigue creciendo y afectando a amplios sectores de la población.
Con información de La Jornada.
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