El aguacate mexicano entra en una nueva etapa regulatoria y Alejandro Martínez Araiza busca colocar la discusión laboral en el centro del debate sobre las exportaciones.
Para el secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), condicionar el acceso a los mercados internacionales al cumplimiento de las obligaciones laborales constituye un principio válido, pero el diseño del nuevo certificado requiere mayor supervisión.
El programa piloto de VELAGRO comenzó el 15 de septiembre de 2026. La STPS estableció una aplicación progresiva para el aguacate, con una primera vigencia del certificado del 1 de octubre al 7 de noviembre y posteriores fases destinadas a ampliar la información y los requisitos de la cadena.
La controversia planteada por Martínez Araiza se concentra en la diferencia entre tener registros laborales y demostrar condiciones laborales.
Un certificado bajo escrutinio
El dirigente sostiene que el modelo debe responder a preguntas que rebasan la información administrativa.
Entre los asuntos que pone sobre la mesa están:
- Seguridad social: cuestiona que la afiliación ante el IMSS pueda ser tomada como equivalente de cumplimiento integral.
- Salarios: plantea que deben considerarse las remuneraciones efectivamente recibidas por los trabajadores.
- Seguridad laboral: señala que actividades de riesgo requieren comprobaciones que no necesariamente aparecen en registros administrativos.
- Libertad sindical: propone que forme parte de los criterios evaluados.
- Excepciones: cuestiona los supuestos contemplados durante la implementación gradual.
- Datos del campo: pide claridad sobre el uso y eventual publicación de información de huertos y productores.
El marco oficial confirma que VELAGRO funcionará como plataforma para solicitar el Certificado Laboral para la Agroexportación y que este constituye una restricción no arancelaria para los productos agrícolas que sean incorporados al mecanismo.
Para el SNAC y Alejandro Martínez Araiza, la discusión no termina con la expedición del documento.
Su planteamiento es que debe existir una segunda instancia capaz de detectar incumplimientos cuando la información presentada ante la autoridad no corresponda con las condiciones existentes en el campo.
Washington, la siguiente frontera
El debate adquiere otra dimensión al vincularse con la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Alejandro Martínez Araiza sostiene que existe un riesgo político y comercial si el nuevo certificado llega a interpretarse como prueba definitiva de que México cumple con sus obligaciones laborales.
Desde la perspectiva del líder sindical, una herramienta insuficientemente verificada podría ser cuestionada posteriormente durante la revisión del T-MEC.
El tratado norteamericano cuenta con un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida diseñado para atender determinadas controversias sobre libertad de asociación y negociación colectiva en instalaciones específicas.
Estados Unidos y México han utilizado este mecanismo en distintos casos, incluidos asuntos relacionados con instalaciones del sector alimentario.
Por ello, el SNAC plantea ampliar el alcance de los mecanismos laborales para incorporar a la agroindustria exportadora y atender temas como salarios, jornadas y seguridad.
En tanto, la posición de Alejandro Martínez Araiza puede resumirse en una idea: el certificado debe funcionar como puerta de entrada a los mercados, mientras que la inspección y los mecanismos de respuesta deben encargarse de comprobar que las condiciones laborales declaradas efectivamente existen.
El reto para la autoridad será determinar cómo evoluciona el programa piloto y qué elementos terminarán incorporándose al régimen permanente, cuya transición está contemplada para 2027.
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