España acaba de mover una ficha clave en la batalla por el acceso a la vivienda: los alquileres turísticos de plataformas como Airbnb ya no podrán operar libremente.
Una nueva normativa cambia la Ley de Propiedad Horizontal y coloca a los vecinos en el centro de la decisión: sin su aprobación, ningún propietario podrá convertir su casa en un piso turístico.
El objetivo es claro: controlar el auge de plataformas como Airbnb y Booking, reducir la especulación y devolver miles de viviendas al mercado residencial.
Los vecinos tienen la última palabra
La regla es contundente: para ofrecer una vivienda como alojamiento turístico se necesitará el voto favorable de tres quintas partes de la comunidad y de las cuotas de participación.
Si no se obtiene esa mayoría, la actividad no podrá iniciarse.
Además, el presidente de la comunidad podrá exigir el cese inmediato del alquiler y emprender acciones legales si se incumple la norma.
Las sanciones tampoco son menores: las comunidades autónomas podrán imponer multas de hasta 600.000 euros.
Las viviendas que ya estaban registradas antes del 3 de abril podrán seguir funcionando, aunque la comunidad puede aplicarles un recargo del 20% en los gastos comunes.
Los pisos turísticos existentes siguen, pero con nuevas obligaciones
El Gobierno ha aclarado que la reforma no será retroactiva: quienes ya tengan su vivienda inscrita como turística podrán continuar con su actividad.
Sin embargo, deberán ajustarse a nuevas reglas que se irán implementando progresivamente.
La Dirección General de Seguridad Jurídica puntualizó que esta normativa solo aplica a las viviendas turísticas registradas.
Los alquileres de temporada, por meses y sin registro, quedan fuera, a menos que los vecinos modifiquen los estatutos por unanimidad.
En resumen: los residentes podrán bloquear nuevos pisos turísticos, pero no los alquileres temporales tradicionales.
Un plan para recuperar viviendas y poner orden a plataformas como Airbnb
Para reforzar el control, en julio de 2025 llegará la Ventanilla Única Digital, un sistema centralizado que permitirá supervisar cada propiedad destinada a estancias de corta duración.
La intención es mejorar la transparencia y agilizar las inspecciones.
Durante un evento en Málaga, el presidente Pedro Sánchez anunció otra medida decisiva: se eliminarán 53.000 viviendas del registro turístico para que regresen al mercado residencial.
Tras ello, el Ministerio de Vivienda pidió a plataformas como Airbnb y Booking retirar los anuncios de esas propiedades.
Airbnb reaccionó asegurando que inicia “un nuevo capítulo” en España, comprometido con la calidad y el crecimiento sostenible.
También informó que ya regularizó 70.000 anuncios con número de registro, aunque reconoció que un pequeño porcentaje aún corresponde a viviendas ya revocadas, que serán dadas de baja de inmediato.
Adiós Airbnb, hola a un nuevo modelo urbano en marcha
Con este cambio, España se suma a la tendencia europea de limitar los alquileres turísticos para proteger la vivienda habitual.
La normativa busca equilibrar el modelo urbano, dando más poder a los residentes y reforzando la supervisión gubernamental.
Ahora solo queda ver cómo reaccionará el sector turístico y si las plataformas lograrán adaptarse a este nuevo escenario… sin perder su encanto para los viajeros.
Con información de El Cronista.
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